Alberto Montero Soler
Profesor de Economía Política de la Universidad de Málaga
Una vez agotada la carta mediática de que en Podemos confluyen todas
las representaciones posibles, ya sean reales o imaginarias, del Mal
(así, con mayúsculas), la ofensiva ha pasado a un plano mucho más
interesante por cuanto entra, por fin, a discutir el contenido real del
proyecto.
Creo que se trata de un plano mucho más interesante porque eso nos
obliga no sólo a defenderlo sino también a irlo perfeccionando y
mejorando con la perspectiva de que, de cara a las próximas elecciones
generales, sea un proyecto de gobierno no sólo mucho más sólido sino
también alternativo. Un proyecto que marque claramente la división entre
las políticas que nos han traído hasta esta catástrofe social de
aquellas otras que nos permitirán salir de la misma con mayores cuotas
de igualdad, dignidad y bienestar para todas y todos.
El problema se presenta cuando quienes se han lanzado a cuestionar
las medidas económicas propuestas por Podemos lo hacen tan burdamente
como quienes antes lo convertían en la encarnación del Mal.
Un buen ejemplo de ello es el artículo de opinión publicado por El País el pasado 25 de agosto y titulado
“¿Es Podemos una alternativa para la izquierda?”,
de Antonio Roldán Monés. En el mismo, el autor confronta algunas de las
medidas contenidas en el programa para las europeas de Podemos con las
que, a su parecer, debería aplicar un gobernante “
responsable” y “
de izquierdas”. Resalto ambos términos porque resulta curioso que califique de
responsables
políticas idénticas a las que los dos partidos mayoritarios que se han
sucedido en el gobierno en las últimas legislaturas vienen aplicando con
los resultados por todos conocidos. Y, sobre todo, porque califique
de izquierdas a políticas que confrontan abiertamente con los principios y valores que la izquierda tradicionalmente ha asumido como propios.
A toda esta confusión se suma, además, que el autor parece no haber
entendido que Podemos no es un proyecto de izquierdas sino una
iniciativa ciudadana para construir democracia a través de la
participación popular, para promover condiciones de vida digna para la
población y para devolver la dignidad a un Estado podrido por la
corrupción, el clientelismo y la subordinación del bienestar de la
mayoría a los intereses de los grupos de poder económico y político.
Podemos no es una alternativa para la izquierda, como titula Roldán,
Podemos es una alternativa de gobierno para todas y todos y eso es,
precisamente, lo que les asusta.
En cualquier caso, aún obviando que gran parte de las medidas del
programa económico de Podemos que Roldán considera como irresponsables
estaban planteadas para un entorno europeo y no exclusivamente estatal y
que, por lo tanto, habrá que reformularlas, adaptarlas o suprimirlas
cuando se elabore el programa para las próximas elecciones generales,
los argumentos que expone para rebatirlas y las propuestas para
enmendarlas son muy cuestionables. Veamos la razón para cada uno de los
casos.
En primer lugar, el autor descontextualiza completamente la medida
acerca de la prohibición de los despidos en las empresas con beneficios,
al tiempo que muestra abiertamente su concepción mercantilista del
trabajo. De entrada, porque la medida no tiene como destinatario
esencial a las pequeñas empresas (que son las que utiliza el autor para
explicar peregrinamente por qué sería contraproducente) sino a las
estrategias de aquellas empresas medianas y grandes que utilizan los
despidos para incrementar sus beneficios y repartir dividendos entre sus
accionistas, generando así una redistribución injusta de la renta a
favor de éstos y en contra de los asalariados.
Pero, además, esa propuesta trata de que los empresarios no asuman
que el trabajo puede ser tratado como un coste variable más para la
empresa -como las materias primas, por ejemplo-, sino que el trabajo en
una sociedad asalariada es esencialmente una relación social y la única
fuente de renta para la mayor parte de la población y, por lo tanto,
debe ser protegido por el Estado (no ha sido otro, desde sus orígenes,
el sentido del Derecho del Trabajo). En consecuencia, apostar por esta
medida supone estimular mecanismos alternativos de adaptación a las
condiciones de la demanda por parte de las empresas, como el reparto de
trabajo o de rentas, que tan buenos resultados ha tenido en otros
espacios mucho más competitivos económicamente como, por ejemplo,
Alemania.
En todo caso, lo que desde luego no es una alternativa (mucho menos
de izquierdas) es defender, como hace el autor, que para crear empleo lo
mejor es abaratar su destrucción, obviando las consecuencias que las
sucesivas reformas laborales han tenido sobre el empleo en España.
En segundo lugar, se acusa a Podemos de promover el impago de la
deuda pública. Al respecto, el programa de Podemos plantea tan sólo el
impago de la deuda pública considerada como ilegítima tras una auditoría
ciudadana (sobre lo cual es cierto que podrían existir discrepancias
que habría que dilucidar en el proceso); sin embargo, para la mayor
parte de la deuda pública, lo que plantea Podemos es su
reestructuración. Una medida que se plantea de la misma manera que lo
hacen autores de esa
izquierda responsable como, por ejemplo,
José Carlos Díez quien, en su popular libro “Hay vida después de la
crisis”, afirma (pp. 147-8): “[Deudores y acreedores] son las dos caras
de una misma moneda y están condenados a entenderse. Los deudores son
responsables por sobreendeudarse y los acreedores por financiarles
cuando las dinámicas son insostenibles. Sin embargo, ambos se culpan
mutuamente de la crisis. Existen incentivos perversos tanto para los
acreedores como para los deudores que les llevan a no cooperar. (…). La
historia nos enseña que los deudores son honorables si los acreedores
son razonables. (…) Ninguna economía puede adaptarse a cambios tan
bruscos, y si los acreedores no son razonables, el impago de la deuda es
inevitable. Para no aceptar la realidad de la insostenibilidad de la
deuda y la reestructuración, se apela al miedo y se crean escenarios
apocalípticos”.
Ese mismo economista, poco sospechoso de radical y crecientemente vinculado al PSOE, reconocía en
un artículo reciente
que España ya ha entrado en zona de peligro en términos de
sostenibilidad de la deuda pública tras superar ésta el umbral del 100%
del PIB.
Evidentemente, la reestructuración sería más llevadera socialmente si
viniera acompañada de la solidaridad europea –especialmente, de la de
los acreedores- pero, como hemos visto en el caso griego, ésta parece
estar ausente en sus planes de ajuste. Así que, a mi modo de ver, sería
mejor impulsar un proceso de reestructuración desde nuestra condición
deudora que esperar uno impuesto por los acreedores. Cuanto más tardemos
en reconocerlo mayor será el sufrimiento social y menor nuestra
capacidad negociadora. Por lo tanto, ¿a qué estamos esperando?
En tercer lugar, el autor demuestra una cierta confusión en materia
de pensiones: tras pronosticar la insostenibilidad de la reforma del
sistema de pensiones pasa a plantear propuestas relacionadas con la
política fiscal ignorando que las pensiones contributivas se financian
vía Seguridad Social y que da igual lo que se haga en materia de fraude
fiscal para garantizar la sostenibilidad de las pensiones contributivas.
Podemos cree que frente a esa propuesta es necesario repensar el
sistema de pensiones en su conjunto y someter a discusión si este
derecho social no debería atenderse desde los Presupuestos Generales del
Estado, es decir, convertirlo en un derecho de ciudadanía en lugar de
en un derecho de naturaleza contributiva. Esto permitiría romper
definitivamente con los análisis actuariales, que ponen el acento en los
flujos de gastos e ingresos y apuntan desde hace décadas a la
insostenibilidad del sistema, y favorecería la toma de decisiones, al
igual que ocurre en el caso de la sanidad o la casa real, en función de
una decisión política acerca de cuántos recursos nos queremos gastar los
ciudadanos en pensiones públicas. Si nadie habla de la insostenibilidad
del ejército o de la casa real, ¿por qué tenemos que tolerar entonces
una ofensiva de esa naturaleza sobre las pensiones públicas?
En cuarto lugar, la reducción de la jornada laboral a las 35 horas
semanales que plantea Podemos es consustancial a la evolución de las
jornadas laborales de nuestro entorno: la española es superior en unas
220 horas a la francesa y en unas 270 a la alemana. Y no debemos olvidar
que en Francia, esta medida aplicada por Jospin permitió crear más de
un millón de empleos netos entre 2000 y 2002. Igual también es
conveniente compararnos y asimilarnos a nuestros socios europeos cuando
de beneficios para los trabajadores se trata.
Finalmente, sorprende que el autor hable de la toma del control
político del BCE como si esa fuera una medida radical e irresponsable y
que desembocaría en un escenario apocalíptico de hiperinflación. Parece
ignorar que, a través de su política de flexibilización cuantitativa, la
Reserva Federal estadounidense ha inyectado cientos de miles de
millones de dólares en la economía y los “únicos” efectos que han tenido
sobre la misma han sido la recuperación de los niveles de producto y
empleo a los anteriores a la crisis sin provocar ningún efecto sobre la
inflación. Ignora, además, que un partido de
izquierda responsable, como
el PSOE, recogió como primera medida de su reciente “Nuevo Pacto
europeo por la competitividad, el trabajo y la cohesión social” que el
pleno empleo y la estabilidad de precios debía ser el doble objetivo del
BCE. Junto a eso, lo que Podemos está pidiendo en materia de política
monetaria es consecuente con lo que pide para el resto de ámbitos
económicos, políticos y sociales: mayor democracia y transparencia.
Así que sí, Podemos también es una alternativa de gobierno económico. Y, si no, al tiempo.